*Nota publicada en la edición 127 de la Revista Tercer Sector, Argentina.

La emergencia sanitaria dejó a muchos niños y niñas aislados, donde sufren algún tipo de violencia –física, psicológica o sexual– y alejados de las redes de ayuda. Organizaciones sociales formaron una mesa de trabajo para visibilizar esta situación y procurar el resguardo de sus derechos.

 

Las violencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son diversas: maltrato físico o emocional, abuso sexual, explotación, acoso virtual, exposición a violencia de género. Todas las agresiones vulneran sus derechos y afectan, en mayor o menor medida, su salud integral y su desarrollo, pero como la mayor parte de ellas ocurren en el ámbito privado, aún se mantienen –en gran medida– silenciadas, invisibilizadas y hasta naturalizadas.
El aislamiento preventivo generó que muchas de las víctimas convivan mayor tiempo con sus agresores y no cuenten con la asistencia a espacios que forman parte del sistema de protección de las infancias, como las escuelas y otras instituciones.
En la línea telefónica 137, que brinda orientación, contención y seguimiento ante consultas de violencia familiar y sexual, hubo un 20 por ciento más de llamadas durante la cuarentena, en comparación con el mismo período de 2019. La cantidad de niñas y niños que sufrieron estos hechos se incrementó un 23 por ciento.
Además, hubo un 267 por ciento de aumento de consultas por agresiones digitales (principalmente grooming
o ciberacoso sexual y utilización de imágenes en pornografía). Casi la mitad de los hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes reportados en esta línea, en 2019, sucedieron en el hogar de la víctima y el 57 por ciento fue producido por un familiar. Además, hay otros tipos de agresiones que las infancias sufren en forma cotidiana: según un informe de Unicef de 2016 –basado en una encuesta–, en el 70 por ciento de los hogares se producen violencias asociadas a métodos de crianza como gritos, insultos o golpes. En el 40 por ciento de las casas se utiliza la violencia física y en el 10 por ciento se reconoció la práctica de castigos físicos severos.

Reclamo histórico
En el inicio de la pandemia algunas Organizaciones de la Sociedad Civil infirieron que los chicos iban a estar más expuestos a situaciones de violencia y detectaron la necesidad urgente de que el Estado mejorara su sistema de protección de las infancias, un reclamo histórico. “Trabajamos, desde hace diez
años, la violencia contra las infancias y el Estado siempre le corrió por atrás a esta problemática. El contexto de pandemia vino a agravar la situación y a poner en evidencia los déficits estructurales. El gran desafío es contar con presupuestos adecuados, una política pública que sea eficiente y que llegue
a todas las partes del territorio nacional, no solamente a los centros urbanos”, expresa Paula Wachter, fundadora de Red por la Infancia.
Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que nuclea a 18 organizaciones de distintas provincias, reconoce como problemas fundamentales, la falta de datos sobre la
temática y la desarticulación del sistema de protección.
“Durante el gobierno anterior se lanzó la línea 102 para la atención y asesoramiento en derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no se implementó en todo el país. Desde nuestra red hicimos un relevamiento y notamos que no funcionaba en todas las provincias y que la atención, en muchos lugares estaba aún más debilitada por la pandemia”, relata.

Responsabilidades compartidas
Con estas preocupaciones las dos organizaciones entraron en diálogo con organismos públicos, Unicef y otros actores de la sociedad civil. De esta mesa de trabajo –formada por 12 instituciones– nació la campaña De los chicos y las chicas #SomosResponsables, que consistió en la creación de un sitio web y de piezas audiovisuales que brindan información y sensibilizan sobre la problemática de la violencia contra las infancias.
“El objetivo no es sólo pedirle a la gente que se involucre, sino darles información. Que sepan qué son las violencias y que conozcan los canales para asesorarse. Los vecinos están más en casa y escuchan lo que pasa al lado, por eso queremos dar el mensaje de que debemos involucrarnos”, explica Sabrina Viola, oficial de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef.
La campaña busca instalar la posibilidad de acceder a las líneas telefónicas destinadas a consultas de violencia intrafamiliar y de protección de derechos de las infancias. “Una forma de fortalecer el sistema público es hacer más eficiente lo que hay. Si la gente sabe adónde tiene que ir, los servicios no colapsan y los recursos disponibles se vuelven más efectivos”, explica Wachter. De todas maneras, los organismos públicos involucrados en la campaña recibieron las demandas de parte de las organizaciones y se comprometieron a fortalecer los servicios de protección.
“Siempre hacemos reclamos al Estado, pero ahora tuvieron que hacerse cargo de estas carencias. El compromiso que tomaron fue no sólo de colaborar con la sensibilización, sino fortalecer los lugares de recepción de la denuncia y la intervención”, dice Pulido.
Las dos referentes de la sociedad civil valoran la posibilidad de trabajar en forma articulada con el Estado. “Promover acciones conjuntas con el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial es parte de poner en agenda el tema y la necesidad de construir una política pública”, opina Wachter. Pulido expresa: “Me parece muy importante que se nos haya convocado en pie de igualdad con todos los especialistas del Estado o de la academia. Nuestro conocimiento y trayectoria fue jerarquizada, fuimos escuchados, como conocedores que somos del desarrollo de la vida de los niños y las niñas. Esto lo veo como el inicio de algo bueno”.